La Procuraduría Pública del Gobierno Regional Junín (GRJ) ganó un proceso arbitral a la empresa Soluciones Integrales L&J SAC y evitó que el Estado peruano desembolse del tesoro público más de 219 mil soles.

El Procurador Público del GRJ, Wilmer Maldonado, anunció que el árbitro único Miguel Ángel Santa Cruz Vital, encargado de resolver las controversias declaró infundadas las pretensiones de la empresa Soluciones Integrales L&J SAC, con la cual se intentaba cobrar al GRJ más de 219 mil soles por los conceptos de pagos de dos (02) órdenes de servicios no realizados, indemnización, costas y costos del proceso, honorarios arbitrales y gastos administrativos, vinculados al Contrato N° 001-2020-GRJ-DRTC/DR y Contrato N° 002-2020-GRJ-DRTC/DR, suscritos entre la contratista y la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC).

El Procurador explicó que dichos contratos de servicios de personal para fiscalización e inspección de vehículos en la región Junín, durante el inicio de la pandemia del COVID-19 nunca fueron ejecutados, puesto que habían sido resueltos días después de haber sido firmados.

Asimismo, el Procurador informó que los costos incurridos por conceptos de honorarios y servicios arbitrales serán asumidos por la empresa, por haber sido la parte vencida en este proceso.